La reforma constitucional en derechos humanos aprobada por el legislativo federal, tiene elementos trascendentes para el desarrollo de nuestra democracia, de la sociedad civil y, dentro de ella, para las diversas e importantes labores que realizan las Iglesias en beneficio de las personas.
La reforma tiene como vectores dos cambios de fondo. Uno, que eleva los derechos humanos propios del Derecho Internacional a rango constitucional. Dos, que la constitución deja de “otorgar” derechos y ahora los “reconoce”, lo que obligaría al Estado mexicano a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos conforme al principio de interpretación generosa, es decir, acorde al mayor beneficio para la persona. Podemos afirmar que es una reforma con sentido humanista que transforma el orden constitucional mexicano.
Para la Iglesia Católica la reforma es muy importante. Su misión es el anuncio del Evangelio, lo que conduce a los católicos a comprometerse en diversas actividades que van desde la acción contemplativa hasta la contemplación en la acción, por decirlo en términos de práctica religiosa. Puesto que Cristo anuncia la plenitud de nuestra humanidad, los derechos de las personas son, obviamente, de la mayor relevancia. Para la Iglesia, los derechos humanos están vinculados al derecho natural que es reconocible por la sola razón, incluso prescindiendo de la revelación. Por lo mismo, se trata de un espacio natural de diálogo pues conforma una propuesta que no desprecia el consenso social, pero que busca darle orientación cierta de cara al bien común, acorde a nuestra “obligación de proteger” al más débil, como lo hizo notar Benedicto XVI ante la Asamblea General de la ONU.
La acción de la Iglesia podría contar con mejores instrumentos jurídicos para nutrir nuestra cultura en asuntos como el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, matrimonio, familia, adopción, indígenas, obreros, campesinos, migrantes, indocumentados, educación, infancia, pobreza, salud, etc. El caso del padre Solalinde en Oaxaca, cuya acción a favor de los migrantes centroamericanos forma parte de la batalla cotidiana de la Iglesia, que ya ha logrado cambios culturales y jurídicos importantes, ahora encontrará nuevo impulso y, en caso necesario, se podrá acudir así al sistema judicial mexicano, como al internacional, para evitar retrocesos.
Es buena noticia saber que se podrá contar con mejores instrumentos jurídicos para apoyar el desarrollo de derechos humanos tan íntimamente vinculados al Evangelio. Una reflexión válida en la medida que comprendamos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos está en formación, que es un territorio por conquistar en cuyo seno existen intensos debates y que, debe ser llenado con lo mejor de la tradición humanista que la Iglesia tanto ha ayudado a forjar a lo largo de los siglos, en convergencia con otras tradiciones. Baste pensar en la defensa de los indios.
Una reforma constitucional de esta naturaleza no puede menos que ser recibida con alegría por los católicos, empezando por los obispos tal y como lo hicieron notar en el comunicado de la Conferencia Episcopal. Para calibrar mejor sus posibles alcances, pensemos en su impacto para el desarrollo de la sociedad civil, la democracia y la libertad religiosa tan íntimamente vinculados. Asunto que comentaremos en próxima entrega.
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